texto de inseguridad publica.

inseguridad publica.

La seguridad pública es un factor de atención que ha establecido procesos de política pública que van desde la implementación de acciones policiales de “cero tolerancia” hasta la utilización de cuerpos de seguridad como los militares, con las consecuencias que ello ha acarreado. 

Sin duda es necesario establecer puntos de análisis de este complejo fenómeno que no precisa soluciones fáciles ni inmediatas, sino procesos de largo alcance que observen las diferentes aristas del problema.

Una de las principales fuentes que abrevan a una sociedad, que promueven el temor y el miedo a la inseguridad y que los Estados no han podido manejar, es la legitimidad para enfrentar ese problema. 

En este sentido, para abordarlo, es necesario establecer la génesis del fenómeno delictivo y las causas y consecuencias que ello ha acarreado.

proporcionar seguridad dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales es uno de los principales objetivos del Estado, pero para ello es necesario implementar diversas acciones y estrategias. 

En este sentido, el derecho penal ha jugado un papel fundamental como herramienta de control social. La planeación de la reacción del Estado contra la delincuencia existente en su territorio y contra los efectos generados por los fenómenos criminógenos recibe el nombre de política criminal, la cual es una sistematización sociopolítica y jurídica de las prioridades, actividades y medios dirigidos al control y eventual erradicación de los fenómenos delincuenciales suscitados en un territorio determinado.

Un elemento de análisis que no debemos perder de vista son las constantes intervenciones policiales sobre los grupos sociales más desprotegidos. Así, en este país es más riesgoso “parecer delincuente que serlo”, ya que si te expones a la intervención preventiva de los cuerpos de seguridad pública eres detenido por “sospechoso”. Por ello, para evitar la indebida criminalización de las clases marginales es necesario orientar a nuestro sistema de justicia hacia un derecho penal de acto y no de autor, como actualmente se encuentra diseñado; es decir, que no se castigue a la persona por ser como es, “pobre”, y que se castigue el acto delictivo en sí. 

En cuanto a la seguridad pública y políticas de prevención, es necesario que se tome en cuenta un modelo de policía no sólo reactiva sino proactiva que se encuentre totalmente ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; por tanto, el modelo no se debe basar en acciones de reacción y disuasión, sino de prevención y de proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad prevaleciente.

Los cuerpos de seguridad pública deben tener encomendadas acciones tanto de prevención como de intervención, pero con una base sólida de legitimidad que respalde el orden de la ley, que haga valer los derechos de los ciudadanos y que funcione subsidiariamente en consonancia con otras estrategias que afiancen el entorno cultural para conseguir sociedades integralmente más seguras.